Convenio de colaboración con la asociación Mi Barrio Seguro

1. Aunar esfuerzos y fomentar la unión entre los afectados y demás ciudadanos.

• La denuncia de los actos de ocupación y de quienes los apoyan.
• Sensibilizar a nuestras autoridades respecto a esta lacra social y la problemática que plantea en muy diversos ámbitos.
• Exigir soluciones efectivas y rápidas que combatan este fenómeno.
• Instar a las distintas administraciones a no inhibirse de sus responsabilidades.
• Promover y secundar acciones civiles en defensa de los legítimos derechos de los afectados y perjudicados.
• Prestar apoyo legal y asesoramiento jurídico a los damnificados.
• Cooperar con las Administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, en la búsqueda de soluciones adecuadas y eficaces.
• Tender puentes de diálogo para conseguir una solución común, mediante la búsqueda de fórmulas que ayuden en la defensa de los derechos de los afectados que se encuentren en situación precaria.

Proposición de medidas legales que combatan el fenómeno de la ocupación.

• Proponiendo medidas legislativas encaminadas a acelerar el proceso de lanzamiento y expulsión de los ocupantes ilegales. Proveyendo expresamente la medida cautelar de lanzamiento.
• Promover reformas legales para eliminar el fenómeno de la ocupación mediante la demanda de Leyes simples y claras.
• Proponer el incremento de las penas previstas para el delito de usurpación de bien inmueble mediante la modificación del código penal al objeto de endurecer la pena del delito de usurpación.
• Instar a nuestras autoridades a modificar la Ley que regula los procedimientos penales (Ley de Enjuiciamiento Criminal) para establecer medidas específicas que se puedan acordar provisionalmente desde el inicio de una denuncia penal a fin de que las Fuerzas de Seguridad puedan intervenir desde el primer momento al tratarse de un hecho delictivo.
• Abogar por modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, permitiendo que las desocupaciones de viviendas sean tramitadas por órganos administrativos como los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.

Dotar de competencias a los ayuntamientos.

• Que puedan ejercer competencias propias contra la ocupación ilegal, dado que alteran la convivencia en el inmueble y en el vecindario, provocan conflictividad social y generan problemas de seguridad y convivencia.
• Que confeccionen un registro de personas con vulnerabilidad especial.

Exigir medidas policiales específicas.

• Para acabar con las mafias que se lucran con la ocupación.
• Para combatir actividades ilícitas en el interior y entorno de los inmuebles ocupados.
• Para acabar con la conflictividad social, los problemas de seguridad y de convivencia que genera el fenómeno.

Mejorar la gestión de la Justicia.

• Dotándola de medios adecuados para su celeridad necesaria.

Demandar políticas sociales en materia de vivienda.

• Mediante políticas reales y eficaces.
• Mediante la construcción de vivienda social para ciudadanos con riesgo de vulnerabilidad.
• Mediante la construcción de viviendas sociales destinadas a alquiler para jóvenes y ciudadanos vulnerables.

Ambas partes tienen como uno de sus principales objetivos potenciar y mejorar el sector en el que figuran ambas Asociaciones, que promoverán Congresos o Jornadas Técnicas sobre distintas actividades, e intercambiarán información de interés sectorial, y sin que afecte al ámbito interno de cada entidad, mediante revistas, boletines o diferentes comunicados para difundir entre los asociados de las dos entidades, comprometiéndose a no reenviar la información que reciben a terceros, sin autorización previa.
Asimismo, se comprometen a invitarse mutuamente a los actos, jornadas o actividades que estas organicen, siempre que sean de interés para los asociados de la organización invitada y no tengan carácter exclusivo e interno de la organización que invita.

Ambas entidades se comprometen a COLABORAR en actos formativos y Jornadas que se realicen.